¿Qué es la Prisión Permanente Revisable?

Permanecer privado de libertad es algo innato o esencial en cuanto nos referimos a las penas privativas de libertad, en definitiva, privar de libertad a una persona viene a significar la restricción de la libertad ambulatoria del penado en un sentido muy genérico de la palabra.

La prisión permanente revisable fue una delas novedades estrella de la reforma de la Ley 1/2015 de 30 de marzo, lo cual supuso un hito histórico para nuestro Código Penal Español. En ninguno de los Códigos Penales anteriores, y a lo largo de la historia, pasando por las dictaduras de Primo de Rivera y la época del franquismo, jamás se había previsto o establecido una pena con unas características como las de la prisión permanente revisable.

En países de nuestro entorno[1] “…como por ejemplo Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia o Reino Unido, cuyos  ordenamientos jurídicos prevén la pena de prisión permanente (también hay que destacar que los ordenamientos de otros países europeos, como Portugal, rechazan expresamente las cadenas perpetuas)”.

 

En ninguno de estos países europeos en los cuales está en vigor la prisión permanente, se prevé un mandato como el del artículo 25.2 de la Constitución, la pena de prisión más grave, inmediatamente inferior a la permanente, no suele superar los 15 o 20 años de duración[2].

En España[3] dicha pena puede llegar en supuestos de pluralidad delictiva puede llegar a los 25, 30 o 40 años (aunque solo en tales supuestos)”.

La Constitución en nuestro país determina cuáles son los principios rectores que deben primar en un estado social y democrático de derecho, así se establece en el artículo 1.1 de la Constitución Española.

Por otro lado, el artículo 15 del Código Penal consagra “el derecho de todos a la vida, a la integridad física y moral, y que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, ni a la pena de muerte, salvo lo que pueden establecer las leyes penales militares en tiempos de guerra”. De igual forma, el artículo 25.2 establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, y no podrán consistir en trabajos forzados; en todo caso tendrá derecho el condenado a una pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma, gozará de los derechos fundamentales, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio de la sentencia. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como, el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad”.[4]

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en jurisprudencia reciente, entiende que la prisión permanente es contraria al artículo 3 del citado convenio, donde como hemos dicho se prohíbe las torturas y las penas o tratos inhumanos o degradantes.

Y hemos dicho anteriormente que el legislador español introdujo al prisión permanente revisable a través de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, considerando que la misma es acorde con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y con la interpretación que de la misma hace el citado Tribunal.

¿Por qué hace esa reflexión? Porque al considerar que está sujeta a un régimen de revisión, permite al penado el acceso a la libertad condicional. No obstante, ese periodo de revisión para conseguir esa libertad condicional tan ansiada, pueden ser 25 o 35 años, en el peor de los casos.

Otros piensan que las penas privativas de libertad “no debería superar los 15 años de cumplimiento efectivo, pues de lo contrario, entienden y consideran que se destruye la personalidad del reo, incapacitándole para una futura vida en sociedad, y en consecuencia, se destruyen cualquier tipo de posibilidad de reeducación y de reinserción social”.

La reforma de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que introdujo la prisión permanente revisable, lo hizo para aquellos supuestos (delitos), de extrema gravedad en los que la sociedad demandaba una pena proporcional al hecho cometido, y así se recogía en el preámbulo de la citada Ley.

Se pretende una compensación por el mal causado, sin embargo, el apoyo ciudadano a la prisión permanente revisable según opinión de GIL, A/LACRUZ LÓPEZ, J.M./MELENDO PARDOS, M/NÚÑEZ FERNANDEZ,[5] ha ido en progresivo descenso “si tenemos en cuenta los datos que se arrojan de numerosas encuestas, entre otras, SICMADOS 2008, METROSCOPIA 2009; SIMPLE Y LÓGICA INVESTIGACIÓN 2.012; METROSCOPIA 2.015”.

De acuerdo con el informe publicado el 24 de marzo de 2.015 por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, este descenso es más acusado cuanto mayor es el grado de conocimiento por parte de los ciudadanos encuestados acerca de cuestiones como: el coste anual de mantenimiento de una persona privada de libertad en un centro penitenciario, que viene a ser de unos 30.000 euros, el porcentaje real de los delitos más graves como homicidios, asesinatos o delitos contra la libertad sexual (inferior al 2%).

En definitiva, el coste de una prisión permanente revisable, económicamente hablando, es un coste muy elevado, y con la incertidumbre de cuánto va a durar en el tiempo, hasta que se produzca la efectiva revisión del penado.

El artículo 35 del Código Penal, establece dentro de lo que son penas privativas de libertad, lo que es la prisión permanente revisable en primer lugar, como penas graves.

Por tanto, la prisión permanente revisable es la primera de las penas graves que regula nuestro Código Penal en su artículo 35, y está pendiente de ver cuál va a ser su aplicación efectiva, y los resultados de su aplicación en un futuro, puesto que, será referida a los delitos más graves, y sobre todo la incógnita será, estadísticamente, cuáles serán los resultados en cuanto a ese proceso de seguimiento para la revisión, que como hemos dicho puede ser a lo largo del tiempo, entre 25 y 35 años.

Dicho eso, por tanto, habrá que esperar para ver cómo se desarrolla la aplicación de esta pena en un futuro, y cómo se desarrolla ese proceso de revisión.

En cualquier caso, son muchas las voces que entienden que la misma es inconstitucional, ya que, el reo tiene derecho a saber cuál es su condena, y cuando será la fecha de cumplimiento efectivo de la misma. Con la regulación actual, para poder acceder el penado a la libertad condicional, han de  darse varios requisitos, según el artículo 78-bis 2ª) del actual Código Penal:

-          En primer lugar, 25 años de cumplimiento efectivo previo de condena. Puede extenderse en supuestos a 30 o 35 años de condena previa.

-          Una vez suspendida la pena, dicho plazo de suspensión podrá oscilar entre 5 a 10 años.

-          Y una vez cumplido el plazo de suspensión, se podrá acceder a la revisión de la pena de prisión permanente revisable.

El Código Penal español, en el artículo 82.4 regula supuestos en los que no se haya concedido al penado la libertad condicional, con revisiones periódicas de la pena impuesta.

                En definitiva, son muchas las dudas en cuanto a la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable, de lo positivo de la misma para la reeducación y reinserción del penado (artículo 25 de la CE), así como, en cuanto al supuesto apoyo de la ciudadanía a la implantación y permanencia de la misma.



[1] Las Consecuencias Jurídicas del Delito 2017 (actualmente pendiente de publicación). GIL, A/LACRUZ LÓPEZ, J.M./MELENDO PARDOS, M/NÚÑEZ FERNANDEZ, J. Editorial DIKYNSON

[2] DÍAZ RIPOLLÉS

[3] DÍAZ RIPOLLÉS

[4] Las Consecuencias Jurídicas del Delito 2017 (actualmente pendiente de publicación). GIL, A/LACRUZ LÓPEZ, J.M./MELENDO PARDOS, M/NÚÑEZ FERNANDEZ, J. Editorial DIKYNSON

 

[5] Las Consecuencias Jurídicas del Delito 2017 (actualmente pendiente de publicación). GIL, A/LACRUZ LÓPEZ, J.M./MELENDO PARDOS, M/NÚÑEZ FERNANDEZ, J. Editorial DIKYNSON